La Defensoría del Pueblo recibe con preocupación la visita de un activista en pro de la defensa de los derechos de grupos originarios de las comunidades de Nueva Lucha y Nuevo Eden, quien se opone a los daños causados por la operación minera en el distrito de Donoso, en la Costa Abajo de la provincia de Colón. El caballero se quejó y manifestó estar preocupado por la presunta violación a sus derechos debido a la existencia de una denuncia e investigación penal presentada en su contra, dado a su activismo, lo cual no debe ser criminalizado. Indicó el activista que fue sometido a seguimientos ilegales, mediante los cuales se le tomaba fotos sin su consentimiento, dentro y fuera de un terreno de concesión minera, y que también se tomó fotos a niñas(os) sin el consentimiento previo de sus padres. Particularmente grave son algunas fotos tomadas a niñas, porque constituyen una forma de violencia prohibida por la Ley 82 de 2013 (arts. 51 y 52). Además de lo que establece el Código Penal, sobre seguimientos o vigilancia con fines ilícitos y la no validez de pruebas obtenidas en esa forma, está también el tema de garantizar que tenga acceso a un abogado, que se le dé acompañamiento, dado que, según el activista, el proceso se ha seguido sin que él mismo haya tenido mayor participación, exceptuando la orden de conducción, lo cual le coloca en estado de indefensión. Ante la situación, se le orientó sobre sus derechos reconocidos por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional y asimismo se le recomendó remitirse ante las vías jurisdiccionales, las cuales no son reemplazadas ni sustituidas por la Defensoría del Pueblo.
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